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Casimiro Sotelo pospone el inicio de clases para septiembre

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunció este jueves que las autoridades de la universidad Casimiro Sotelo, impuestas por la dictadura sandinista, pospusieron el inicio de clases para el próximo 25 de septiembre debido a que se encuentran “en revisión exhaustiva de los expedientes académicos” de los estudiantes matriculados de la confiscada Universidad Centroamericana.

El CNU emitió el comunicado horas después que a través de una certificación el régimen dispusiera que la UCA será “autofinanciada”, es decir, que cobrará aranceles, pese a que las autoridades de la universidad confiscada anunciaron que sería “gratuita”.

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“Debido a que nos encontramos en una revisión exhaustiva de los expedientes académicos de los estudiantes matriculados, para identificar los que provienen de familias de escasos recursos económicos y asegurar la continuidad educativa de esta universidad del pueblo. Se pospone el reinicio de clases del II semestre académico 2023 para el 25 de septiembre del año en curso”, detalla el comunicado que reitera que la educación “será gratuita”, en contradicción con el certificado publicado en La Gaceta Diario Oficial.

Las autoridades sandinistas de la Casimiro Sotelo habían llamado anteriormente a los estudiantes a reincorporarse a clases este próximo lunes 28 de agosto.

“Pública y gratuita”

En el comunicado del CNU, el secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo y leal sirviente de la dictadura sandinista, Moisés Palacios, asegura que dicha universidad es “pública y gratuita y que restituye el derecho a la educación con calidez y calidad humana de los nicaragüenses de escasos recursos económicos es que tomaron la decisión de posponer el inicio de clases del II semestre”.

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Esta aseveración contradice la certificación del Diario Oficial La Gaceta de este jueves en la que se asegura que la Casimiro Sotelo será autofinanciada. Es decir, que la universidad deberá cobrar aranceles a los estudiantes, ya que no recibirá el 6 por ciento del Estado.