El dictador Daniel Ortega introdujo una iniciativa de reforma a la Ley 909, Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, para incorporar un tarifario para registros, certificados y diversos trámites en la Cinemateca y sus dependencias, estableciendo cobros de hasta 4,000 córdobas por el derecho de filmación a personas jurídicas extranjeras.
La reforma se centra en el artículo 10 de la ley sobre los costos de servicios, buscando detallar las tarifas para cada tipo de trámite. Desde su creación en 2015, el artículo establecía que las tarifas serían fijadas por instrumentos legales correspondientes.
Escucha”Chofer y dueño de autobús que se accidentó en la Dalia a juicio el 4 de marzo” en Spreaker.Tras la aprobación de la ley, se modificará el texto, especificando las tarifas para servicios como registro cinematográfico y emisión de certificados.
Por ejemplo, para personas naturales o jurídicas, el costo varía de 350 a 600 córdobas, siendo la mitad para renovaciones. Comercialización para distribución y exhibición tiene tarifas de 350 y 600 córdobas, respectivamente.
En enseñanza audiovisual y cinematográfica, 100 córdobas para naturales y 500 para jurídicas.Creativos y técnicos cinematográficos pagarán 100 córdobas. Reposiciones por pérdida o extravío de certificados cuestan 100 córdobas (naturales) y 200 córdobas (jurídicas).
Para la producción nacional, los certificados tienen costos de 300 a 600 córdobas, con la mitad para reposiciones. En coproducción, los costos ascienden a 750 a 1,000 córdobas, y la mitad para reposiciones.
Permisos de filmación tienen tarifas más altas, como 1,500 córdobas para personas naturales y 3,000 córdobas para jurídicas.Derecho de filmación a extranjeros tiene costos de 2,500 y 4,000 córdobas (naturales y jurídicas) con renovaciones a mitad de precio.
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Distribución de Obras Audiovisuales y/o Cinematográficas: entre 500 y 1,000 córdobas, renovaciones a mitad de precio. Exhibición de Obras Audiovisuales y/o Cinematográficas: entre 1,000 y 2,000 córdobas, renovaciones a mitad de precio.
La reforma indica que los recursos obtenidos se dirigirán a la “Cuenta Única del Tesoro”, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las tarifas podrán ser actualizadas anualmente por la Cinemateca Nacional mediante resolución administrativa.
Cabe destacar que esta iniciativa de tarifario se enmarca en la intención del régimen de ejercer un mayor control sobre el sistema audiovisual. Este movimiento podría surgir en respuesta a críticas recibidas por turistas internacionales, como el caso de un YouTuber que experimentó dificultades en la administración y tratamiento durante su estancia en Nicaragua.
