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Senador estadounidense pide al Papa interceder por Monseñor Rolando Álvarez

El senador estadounidense Marco Rubio ha enviado una carta al Papa Francisco, solicitándole que intensifique sus esfuerzos para lograr la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez.

El obispo ha sido condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos, incluyendo Traición a la Patria. Rubio expresó su profunda preocupación y solicitó la intervención papal en un gesto que combina su posición como senador y su fe.

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“Le escribo respetuosamente en mi posición de senador de EEUU, y como una persona de fe, para expresarle mi más profunda preocupación por el trato injusto que está recibiendo el Obispo Rolando José Álvarez Lagos. Su Santidad, permítame transmitirle con todo mi respeto y preocupación por el trato inhumano que recibe el Obispo Álvarez y mi más sincero deseo que intensifique sus esfuerzos para lograr su liberación inmediata e incondicional”, cita textualmente

En la misiva, Rubio destaca el compromiso del Obispo Álvarez con la defensa de los derechos humanos fundamentales en Nicaragua, lo que lo ha convertido en blanco del régimen Ortega-Murillo. Recordó al Papa que la situación en Nicaragua no ha mejorado y que el obispo fue sentenciado por delitos ficticios en febrero de 2023. Rubio humildemente pide al Sumo Pontífice que interceda por la liberación del Obispo y el derecho a la libertad de todos los católicos en Nicaragua.

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El senador también menciona las fotografías y videos recientes publicados por el régimen, presumiendo un “trato preferencial” hacia el religioso. Sin embargo, estas imágenes causaron preocupación pública al mostrar a Monseñor Álvarez demacrado, delgado y pálido.Además de denunciar las presuntas torturas al Obispo, Rubio expone al Papa la difícil situación de los católicos en Nicaragua, donde se les ha impedido celebrar actividades en Semana Santa y se han prohibido procesiones de larga tradición.

Desde 2018, Nicaragua atraviesa una crisis social, política y de derechos humanos. La Iglesia Católica ha denunciado atropellos, provocando represalias del régimen, como la expulsión, negativa de entrada al país, exilio forzado, cierre de ONGs y congelamiento de cuentas bancarias.