La Compañía de Jesús, a través de la Provincia Centroamericana, se pronunció ante la confiscación a los Jesuitas en Nicaragua, asegurando que esto se dispuso sin realizar procedimientos establecidos por la ley y aseguró que la dictadura sandinista está cometiendo crímenes de lesa humanidad.
En su comunicado, el más enérgico desde la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), aseguró que todo esto confirma que estas acciones están encaminadas al pleno establecimiento de un régimen totalitario.
A la vez, “responsabiliza al Presidente y a la Vicepresidenta actual de Nicaragua por estar, por lo menos, cohonestado estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”, señala el comunicado.
En el comunicado, pidieron a la pareja dictatorial el cese a la represión, que acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los Derechos humanos, el estado de derecho.
“Que respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran”, añade.
Gobernación cancela a la Compañía de Jesús
Más temprano, el Ministerio de Gobernación, , canceló este miércoles la personería jurídica de la Compañía de Jesús y ordenó incautar todos sus bienes, pese a que ya lo había dispuesto de facto desde el pasado fin de semana, cuando expulsó de su residencia a los religiosos en Managua.
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Gobernación acusa a la Compañía de Jesús por incumplir al no reportar Estados Financieros entre 2020 y 2022 y contar con una junta directiva vencida.
Ante esto, asegura que obstaculiza el control y vigilancia de Gobernación.
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Gobernación determinó en la publicación de La Gaceta Diario oficial de este miércoles, que el destino de los bienes inmuebles pasarán a nombre del Estado.
“Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”, señala el acuerdo ministerial de Gobernación.
