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UCA confirma confiscación y tilda de infundadas acusaciones de la dictadura

La Universidad Centroamericana (UCA) confirmó mediante correos electrónicos a su comunidad universitaria que la dictadura sandinista notificó el martes la incautación de bienes inmuebles y económicos del alma mater.

La jueza al servicio de la dictadura sandinista que giró el oficio fue Gloria María Saavedra Corrales.

“El día 15 de agosto del corriente año, a las 05:29 minutos de la tarde, hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la Jueza Dra. Gloria María Saavedra Corrales, en el que se nos notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA” expresa la UCA.

La Universidad Centroamericana también expresó que en el oficio se aclara que los bienes que entrarán en confiscación pasarán a manos del Estado, y que la notificación afirma que “el Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.

UCA dice que acusaciones son infundadas

No obstante el centro de estudios superiores afirma que las acusaciones de terrorismo por parte de la dictadura Ortega-Murillo son infundadas

“Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, afirma.

Jueza sandinista con historial contra opositores

El oficio recibido por la UCA fue de parte del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, que está a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, que tiene un amplio historial en contra de opositores y religiosos.

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Saavedra inició en el año 2015 como coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua. En el año 2019 la nombraron jueza “en sustitución de los primeros verdugos que juzgaron a manifestantes del 2018 y que ascendieron a Magistrados. Ella ni carrera Judicial ha hecho”, dijo en Twitter el abogado Yader Morazán en enero del 2023.

En septiembre del año 2021, cuando falleció la mamá del opositor Max Jerez, Saavedra Corrales fue la encargada de negarle el permiso extraordinario para que el joven asistiera al sepelio de su progenitora.

Gloria Saavedra también se encargó en el año 2021 de inhabilitar como candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad a la ex reina de belleza, Berenice Quezada.

La misma jueza se encargó de autorizar los allanamientos y ocupación de equipos electrónicos a José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro y José Pallais en junio del 2021.

Saavedra Corrales también se encargó de ordenar la detención por 90 días de los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Antonio Gómez Silva y Marcos Antonio Fletes Casco.

En el año 2022, Gloria María Saavedra Corrales fue quien se encargó de llevar el proceso contra varios religiosos y miembros de la Iglesia católica. También llevó parte del proceso judicial de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa que fue condenado a más de 26 años de prisión por negarse a ser desterrado de Nicaragua.