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Represión de la dictadura sandinista alcanza a periodistas en el exilio, según PCIN

El Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registró 83 agresiones al periodismo nicaragüense, siendo las más dramáticas el destierro, la anulación ilegal de nacionalidad, la confiscación de bienes y el exilio forzado. Según el registro, al menos 22 profesionales de los medios experimentaron estas agresiones a partir de febrero de 2023.

Escucha”Nicaragua cerró 2023 con 119 presos políticos” en Spreaker.

Un aumento significativo de agresiones se registró en la Costa Caribe de Nicaragua, con miembros de la Policía Nacional y del Poder Judicial como principales agresores. Esta situación refleja el uso sistemático del poder estatal para criminalizar la labor informativa independiente en la región.

El informe destaca que el régimen dictatorial ha obligado al exilio a más periodistas y comunicadores, así como a cualquier persona que alce la voz contra las violaciones de derechos humanos. Según estimaciones de PCIN, al menos 218 periodistas han sido forzados al exilio desde 2018.

“La documentación es importante porque deja en evidencia xualnha sido el nivel de violencia y estatal que ha implementado más de 5 año el régimen de Ortega Murillo. En este 2023 vinos como auxiliado con los brazos represores han institucionalizado el ejercicio periodístico. A la población se le sercena el derecho a estar informado, sabemos que el propósito ha sido tener un apagón informativo pero la resistencia en el exilio lo han impedido, esforzando por mantener informada a la población” , señala Martha Irene.

En 2023, las agresiones se extendieron también a miembros del clero, la feligresía de la Iglesia Católica, pintores de murales, Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, y los organizadores del certamen de Miss Nicaragua.

El año estuvo marcado por agresiones desde el Poder Judicial, incluyendo procesos judiciales arbitrarios, detenciones policiales y parapoliciales, así como el encarcelamiento de periodistas, formando parte de un grupo de más de cien prisioneros políticos.

PCIN además, documentó 83 ataques a la libertad de prensa en 2023, afectando a 79 periodistas y 4 medios de comunicación. La mayoría de estas agresiones ocurrieron en Managua (50) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) (11). De las víctimas identificadas, 53 son hombres y 26 mujeres, mayoritariamente periodistas y directores de medios.

“Las agresiones fueron catalogadas mayoritariamente como uso abusivo del poder del Estado (36), amenazas e intimidación (26), extendiéndose incluso a las familias de los periodistas agredidos.Los perpetradores, en 74 de los 83 casos, eran agentes del Estado, principalmente funcionarios del Poder Judicial (33) y de la Policía Nacional (32). Este patrón refleja una voluntad manifiesta del Estado para reprimir a quienes informan de manera independiente en el país”, dijo Arlen Pérez, coordinadora del Observatorio de PCIN.

Cabe destacar que el resultado de estas agresiones fue el exilio forzado de 44 personas, contribuyendo a la disminución del número de periodistas independientes en el país, según el informe de PCIN.

Represión alcanza el exilio

El régimen Ortega-Murillo ha dirigido la represión hacia periodistas y medios comprometidos con los derechos humanos desde 2007. De los 83 casos en 2023, 79 corresponden a personas y cuatro a medios de comunicación.

También se reportaron seis casos de agresiones ocurridos en otros países, demostrando que la represión puede alcanzar a quienes huyen al extranjero.

El informe destaca que las agresiones en contra de medios, periodistas y la libertad de expresión no han cesado desde 2018, enfatizando la estrategia del régimen basada en el uso del marco legal, la policía y el aparato judicial para criminalizar y sofocar la labor informativa en el país, la estrategia del régimen incluye la expulsión del país de periodistas, directivos y profesionales de medios a través de destierros, desnacionalizaciones, confiscaciones y eliminaciones de registros civiles y académicos.

En 2023, se contabilizaron 22 casos de destierro.

“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo no respeta los derechos ni las leyes establecidas, como evidencia el Código Penal. La represión se extiende hacia las familias de las personas calificadas como enemigas o apátridas, creando un ambiente de temor. Además, las agresiones se perpetúan de manera virtual, mediante amenazas, intimidaciones y doxing que alcanzan a las redes sociales de quienes se encuentran en exilio”, señalan

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La lucha por la libertad de prensa en Nicaragua enfrenta desafíos significativos, ya que la represión se extiende más allá de las fronteras nacionales.