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Ataques del régimen sandinista en contra de los nicaragüenses preocupa a organismos de DD.HH

Ataques del régimen sandinista en contra de los nicaragüenses preocupa a organismos de DD.HH En el último informe brindado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y la Coalición Nicaragua Lucha, expresan su preocupación por los ataques del régimen sandinista en Nicaragua que contienen características de terrorismo de Estado con afectaciones interseccionales en las poblaciones más vulnerables.

El último reporte señala que hasta finalizar el mes de julio se registraron al menos 519 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluidas 146 detenciones arbitrarias.

En el mismo informe se revela que hasta ahora hay 79 personas presas políticas por la dictadura sandinista, más de 600 mil ciudadanos han sido forzados a salir del país debido a la persecución y asedio, 317 han sido despojadas de su nacionalidad y 3717 organizaciones han sido canceladas en Nicaragua.

Agosto con más reducción del espacio cívico

Para las organizaciones, el mes agosto fue marcado por el incremento del cierre del Espacio Cívico, campaña de persecución a la Iglesia Católica y las vulneraciones al libre ejercicio de Libertades Fundamentales como ser la Libertad Académica y la Libertad de Culto.

“La confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y la disolución de la orden de los Jesuitas, profundiza la reducción del espacio cívico y evidencia la grave situación que se continúa viviendo en el país. Se denunciaron 27 universidades tomadas, con un impacto a al menos, 50 mil estudiantes y académicos. Además, entre otros hechos registrados, se encuentra la detención de las dirigentes estudiantiles de la UCA, Adela Espinoza y Gabriela Morales”, explican en el documento.

“El uso de diferentes métodos para mantener en un “limbo jurídico” a ciudadanos detenidos en la pasada redada masiva de mayo del 2023. Entre estos, se denuncia que al menos una veintena de procesados se habrían exiliado para no perder su libertad. Otros treinta acusados siguen en prisión y “casa por cárcel”, revela el documento.