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Dictadura mantiene presos a miembros de la iglesia católica, revela informe

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que entre 2018 y el 31 de julio de 2023, se registran 78 personas secuestradas por temas políticos, por parte del régimen de Daniel Ortega.

De estos 78 secuestrados, 12 son mujeres y 66 hombres. El documento destaca que esto aumentó en un 21 por ciento en comparación con la cifra anterior de 64 reportados.

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El organismo menciona que entre el 20 de junio y el 31 de julio de 2023, período que abarca el presente informe, se registraron cinco detenciones con motivos de persecución política, de las cuales una persona se mantiene en la cárcel, que es el caso del sacerdote.

“Continúa el patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto. La cifra de personas presas políticas para el mes de junio fue de 64, de las cuales hasta la fecha ninguna ha sido liberada. A esta cifra se le suman 14 personas que el Mecanismo reconoce como detenidas por motivos políticos en el período abarcado, llegando así a un total de 78 personas presas políticas al momento de la publicación de este informe, incluyendo a 10 personas que fueron detenidas con anterioridad al contexto de 2018″, explica en el documento.

Unas 14 personas incluidas en la lista de personas presas políticas no precisamente fueron detenidos en julio pasado, sino que fueron encarcelados arbitrariamente durante la escalada represiva de mayo pasado 2023.

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Entre junio y julio incrementó la represión contra miembros de la Iglesia católica, miembros del clero religioso, opositores y activistas políticos.

“Las personas pertenecientes al clero religioso son las más afectadas, experimentando hostigamientos, amenazas y medidas administrativas como el congelamiento de cuentas bancarias, lo cual ha sido reportado por varias entidades religiosas”, señala el reporte.

También continúan las amenazas y hostigamientos y amenazas contra la población, ya que la Policía Sandinista ha incrementado las visitas domiciliares a quienes cuestionan por actividades cotidianas.

“Denuncias han reportado la exigencia de informar cualquier movimiento fuera del hogar, sumado a la prohibición de encuentros y reuniones con terceros. Teléfonos móviles y computadoras de los residentes son inspeccionados sin presentar orden o justificación alguna. Frente a las inquietudes planteadas, los agentes simplemente responden que se encuentran bajo investigación”, agrega el Mecanismo.

De los 78 presos políticos, unos 14 se enfrentan a una segunda o tercera encarcelación. La mayoría de los presos políticos, 18 están en el Sistema Penitenciario Nacional conocido mejor como La Modelo en Tipitapa, 13 en Masaya, siete en Estelí, y el resto distribuidos en las distintas cárceles del país.