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Estudiantes de Nicaragua replantean sus metas ante el cierre de universidades

El régimen de Daniel Ortega continúa cercenando los centros de educación superior desde diciembre de 2021, socavando el sistema educativo y extender su control político sobre las universidades.

Alexander Reyes, director del Observatorio por la Libertad Académica en consulta con Primer Orden señaló que, las transgresiones hacia la libertad académica acelera el desplazamiento forzado de varios estudiantes debido a que cercena el futuro de los jóvenes.

“Nicaragua se esta convirtiendo día a día en un país que no ofrece oportunidades, ni esperanza. Una de las metas en la vida que tiene cualquier joven es llegar a la universidad y luego encontrar un trabajo que dignifique tu vida”, expresó Reyes.

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El Observatorio por la Libertad Académica, asegura que con el cierre de las distintas universidades han aparecido ordenes de captura para personas especificas que la dictadura determina como una amenaza, pero sin tener una razón especifica del arresto.

“Los estudiantes han migrado a Costa Rica, Estados Unidos, Europa. Y hay una cantidad importante en el sur de América, especialmente en Ecuador, Brasil, Colombia”, agregó.

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Optar por un segundo idioma

Reyes aseguró a Primer Orden que a raíz de la cancelación de universidades y el cierre de espacios académicos, los jóvenes que desean estudiar y trabajar están optando por no continuar sus estudios universitarios y dedidcarse a aprender un segundo idioma, especialmente el inglés.

“Registramos que se están aumentando las matriculas en los centros de estudios de idiomas, especialmente inglés. Y esto se ha convertido en una opción con menos repercusiones políticas, sociales y económicas en Nicaragua, lamentablemente estar en la universidad se ha vuelto un problema político de no acabar”, puntualizó.

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Hasta el momento son 22 las universidades clausuradas en Nicaragua desde diciembre de 2021, de las cuales siete eran extranjeras. La personería jurídica de estos centros fue cancelada por el Ministerio de Gobernación que además ordena realizar una “entrega ordenada” de todos sus bienes muebles e inmuebles para ser inscritos ahora a nombre del Estado. En todos los casos la dictadura adujo que “incumplieron” los requisitos de ley establecidos para operar.