Hace pocos días, una congregación de la Iglesia Católica reunió a todos sus miembros en Managua para decidir su futuro en Nicaragua. La decisión que se tomó fue que todos los extranjeros debían salir del país y solamente se quedaran los nacionales que estuvieran dispuestos, “número uno, a vivir imprudentemente y, dos, a afrontar la cárcel”.
El dato anterior es parte del relato de un sacerdote nicaragüense que conversó con Infobae, a condición de estricto anonimato por seguridad, para exponer cómo viven los religiosos católicos en un país donde su iglesia es perseguida. En la Nicaragua de ahora cualquier expresión que disguste al régimen de Daniel Ortega puede llevar a la expulsión o a la cárcel a los sacerdotes. “Santiago”, le llamaremos.
El régimen de Daniel Ortega mantiene una ofensiva contra la Iglesia Católica que ha llevado a la cárcel al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y a otros cinco sacerdotes. Asimismo ha expulsado, exiliado o desterrado a más de un centenar de religiosos, entre ellos, 41 monjas. Las actividades religiosas al aire libre han sido prohibidas y las cuentas bancarias de la iglesia católica han sido congeladas.
Mientras se desarrolla la entrevista, dos patrullas de la Policía vigilan la casa del padre Santiago, en el popular barrio Reparto Schick. Toman fotos y hacen videos. Lo mismo sucede con la iglesia donde da misa. “El nivel de control y de vigilancia que tienen es cada vez más intenso. Desde el 2018, nosotros no habíamos recibido ninguna visita de Policía, ni a la parroquia que nosotros tenemos y desde el 2021 para acá yo le tengo que decir que es cada vez más frecuente las dos camionetas de la policía parqueadas afuera, tanto de la parroquia como de nuestra casa”.
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Monseñor Rolando Álvarez fue detenido en agosto de 2022 y posteriormente condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” (Foto cortesía)
Dice Santiago que la Policía interroga a los vecinos sobre las actividades que su congregación religiosa realiza en el barrio. “Las preguntas que hacen siempre son: ¿Qué actividades han hecho? ¿Ustedes saben de qué hablan? ¿A ustedes los han invitado? ¿Cuánto tiempo duran las actividades? ¿De dónde son las personas que entran aquí? ¿Son del barrio? ¿Son de afuera? ¿Vienen en carro, en moto o a pie?”.
“El año pasado, en agosto, ellos pidieron entrar a la casa sin ningún tipo de orden, sin nada. Simplemente tocaron la puerta y preguntaron si podían pasar. Vinieron seis policías de los que están vestidos de negro y entraron a la casa. Funcionó exactamente igual como un allanamiento, pero no era un allanamiento porque no había ninguna orden. Nosotros les atendimos muy amablemente porque no estábamos en posición de reclamar absolutamente nada”, cuenta.
Ese mismo tipo de visita se realizó simultáneamente en varias congregaciones y casas de residencia de religiosos.
En otra parroquia vecina, dice, las patrullas llegaron y cortaron la energía eléctrica de la iglesia y la casa cural. Revisaron la computadora y el teléfono celular del sacerdote. La justificación que dieron los policías es que “estaban recibiendo información de que el sacerdote estaba haciendo algunas actividades que podían poner en peligro a los vecinos y que algunos se sentían atemorizados por algunas de las actividades”.
Este cura se fue por un tiempo del barrio e intentó infructuosamente comunicarse con el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes. “No le contestó ninguna de las llamadas ni mostró ningún tipo de interés por la situación ni solidaridad frente a un atropello”.
El padre Santiago confirma que hay personas que llegan a grabar las misas en videos o audios, en una labor de espionaje que ha establecido el régimen para criminalizar el ejercicio religioso.
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Un sacerdote nicaragüense celebra una misa tras la malla de su iglesia porque la Policía impidió el ingreso de los fieles al templo (Foto cortesía)
“Hay personas que nos dicen: Padre, me mandaron a tomar fotos y a compartir lo que usted está diciendo dentro de la misa. Perdóneme, yo realmente no quiero hacer esto, pero ellos me están mandando. Y nosotros les decimos, muchas gracias por avisarnos. Muchas gracias, por decirlo. Usted haga lo que le han pedido, nosotros vamos a tener los cuidados necesarios”.
“Parte de la normalidad obligada implica la omisión absoluta del nombre de monseñor Rolando Álvarez. Es imposible mencionarlo en ningún momento. No podemos mencionar las palabras ‘derechos humanos’, ‘libertad’ o ‘gobierno’”, dice.
Según el padre Santiago, la arquidiócesis de Managua orientó a las parroquias y grupos religiosos que, para evitar problemas con el gobierno y con la Policía, se evite mencionar el nombre de monseñor Rolando Álvarez. “No lo prohibimos, pero no lo recomendamos”, les expresaría en una reunión el delegado del cardenal Leopoldo Brenes para esa zona.
“Y la palabra que causó escándalo en esa reunión fue que ´si algo les sucede, ya nosotros no podemos ni vamos a hacer nada´. Causó mucha fricción entre los sacerdotes porque lo que estaban diciendo es que estamos solos. Si a un obispo como monseñor Rolando (Álvarez) lo han dejado solo, un sacerdote, un seminarista, una monja o un catequista quedará en peores condiciones”, lamenta Santiago.
“Fuera de nuestros templos nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad de que podemos profesar nuestra fe de ninguna manera. Es algo que ha cambiado mucho, porque antes nosotros teníamos toda la libertad de hacer procesiones, de estar fuera del templo, de visitar enfermos y de llevar bolsas de comida. Nada de eso se nos está permitido en este momento”, explica y pone de ejemplo un paseo que se pretendió hacer con jóvenes de la comunidad y no se pudo realizar porque la jefatura de Tránsito de la Policía negó el permiso al bus “porque era una actividad de la iglesia”.
En agosto del año pasado, la Policía de Nicaragua entró violentamente al palacio Episcopal de Matagalpa, y arrestó al obispo de esa diócesis, monseñor Rolando Álvarez, quien mantenía posiciones críticas contra el régimen desde el púlpito. Este evento, dice el padre Francisco, “dividió terriblemente a todo el clero”.
“Unos eran partidarios de la postura de que él se lo buscó, y que eso era consecuencia de sus actos y de su imprudencia. Y hay un segundo bloque dentro de la iglesia, en el que yo me cuento, que decimos que es un hombre valiente, que es injusto lo que le está pasando y que es un escándalo el silencio de la Conferencia Episcopal”, afirma.
A la incertidumbre por su seguridad, el padre Santiago añade las peripecias económicas para sobrevivir y mantener los programas sociales con la comunidad, una vez que el régimen de Nicaragua congeló casi todas las cuentas de la Iglesia Católica.
“Nosotros, al ser una congregación religiosa con presencia en más de más de 75 países, parte del trabajo que hacemos aquí en el Reparto Shick, incluye un comedor para ancianos, que recibía financiamiento, por ejemplo, de Alemania, de Roma, de Estados Unidos. Y, evidentemente, el primer aspecto en el que ha cambiado es la parte económica. Ya nosotros no podemos recibir financiamiento, lo que ha significado que la acción que nosotros podemos tener dentro de la comunidad se ha disminuido terriblemente, la gente es la que termina pagando esa consecuencia”, dice.
“También nuestro mismo modo de vida se ha visto afectado”, agrega. “Lo hemos visto en la comida, en el uso un poco más racionado de los servicios, lo hemos visto en, digamos, ya no nos podemos permitir algunas comodidades que antes sí, incluyendo en nuestros trabajadores. Algunas parroquias están haciendo rifas y kermeses para sobrevivir”.
“La crisis económica con la congelación de las cuentas ha provocado una especie de individualismo. Si para el 2018 se había logrado una integración frente a una causa, el 2023, lo que ha generado es una disgregación, un individualismo, un sálvese quien pueda. Como ninguno tiene acceso a las cuentas, cada uno tiene que ver qué es lo que va a comer, cómo le va a pagar a la cocinera, cómo le va a pagar a las sacristanas y en ese sentido, hay poca solidaridad entre las parroquias más pudientes o las que tienen menos recursos económicos”, dice.
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Los sacerdotes viven vigilados y con miedo permanente de ser llevados a la cárcel (Foto EFE)
“Hay un organismo que se llama Confer, que es la que aglutina todas las congregaciones religiosas. El año pasado el presidente de la Confer, un fraile franciscano, matagalpino, salió a una reunión y ya no lo volvieron a dejar entrar. Entonces estamos sin representantes legales, sin nada”, explica.
Aun así, el sacerdote Santiago dice no estar convencido que la palabra “persecución” sea la que describa la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. “Yo no sé si hay una persecución, pero sí creo que hay una restricción desmedida y hay una estrategia del Estado por restarle poder y credibilidad a la iglesia. Se han enfocado y se han enseñado con nosotros. No ha habido ningún muerto, no hay ningún sacerdote muerto. Sin embargo, desde el punto de vista ciudadano los han matado porque los han desterrado, les han quitado la ciudadanía, no les han permitido entrar, no les permiten ejercer sus derechos de libertad religiosa, los han anulado”.
El primer gran miedo de los sacerdotes, dice, “es la cárcel porque ya sabemos lo que pueden inventar para justificar esa medida. Y el segundo miedo que nosotros tenemos es que, si no nos meten presos a nosotros, comiencen a meter presos a la gente que trabaja con nosotros para dejarnos solos y así, aunque no estemos en la cárcel, estamos afuera, pero estamos solos”.
“Sí, tengo miedo. Todos los días”, responde a una pregunta de Infobae. “Todas las noches cuando cierro el portón de la casa, siempre le digo a mi compañero: ¿Será que vienen hoy? ¿Será que vienen esta noche?”.
Con información de INFOBAE
