El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó a la Lista Engel, destinada a actores corruptos y antidemocráticos, a varios funcionarios nicaragüenses, entre ellos la jueza Gloria María Saavedra Corrales, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, Maribel del Socorro Duriez González, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez Pérez, y el rector de la Universidad Casimiro Sotelo, Alejandro Enrique Genet Cruz, quienes han sido cómplice de la dictadura sandinista de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Matthee Miller, portavoz del Departamento de Estado, subrayó que la actualización incluyó a estos funcionarios bajo la Sección 353 de Actores Corruptos y Antidemocráticos, abordando la corrupción y la obstrucción a investigaciones en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Escucha”Ortega dice que Tratado de Libre Comercio con China lo libra de sanciones” en Spreaker.El informe, publicado en el Registro Federal, identifica a aquellos que han socavado deliberadamente procesos democráticos o instituciones, participando en corrupción significativa o bloqueando investigaciones al respecto en los países mencionados
Miller llamó a líderes gubernamentales, sociedad civil, periodistas, sector privado y comunidad internacional a unirse para fortalecer la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción en pos de un hemisferio más resiliente, equitativo y próspero.
Cabe recordar que el pasado 19 de julio, Estados Unidos incluyó en la misma lista a 13 funcionarios orteguistas, incluida la Procuradora General de la República, diputados y miembros de la Unidad de Análisis Financiero, entre otros.La inclusión de Nicaragua en la Sección 353 se produjo el 10 de noviembre de 2021, cuando el presidente de Estados Unidos firmó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer).
La medida implica que quienes figuren en la Lista Engel no son elegibles para visas ni pueden ingresar a Estados Unidos, revocándose visas vigentes y cancelándose cualquier otra documentación de entrada.
Y en relación con la jueza Gloria María Saavedra Corrales, se le acusa de utilizar su posición para facilitar una campaña coordinada que reprimió la disidencia, confiscando propiedades de la Universidad Centroamericana Jesuita sin base jurídica. Maribel del Socorro Duriez González y Ramona Rodríguez Pérez se ven señaladas por participar en una campaña similar que afectó a opositores políticos del gobierno, incluyendo la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas.
Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Casimiro Sotelo, es señalado por reprimir a la disidencia mediante la creación de políticas que sancionan a profesores y estudiantes que no participen en actividades políticas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega.
