Nov. 12, 2020

Ortega «da cancha abierta» a la privatización del agua potable


Ortega «da cancha abierta» a la privatización del agua potable

El Gobierno de Daniel Ortega podría estar dándole cancha abierta a la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento al aprobar hoy la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) en la que se prevé compactar las funciones de dos entidades.

Según la reforma a la Ley 620, el artículo 12 dejaría la puerta abierta a la privatización al dar cabida al otorgamiento de licencias a agentes económicos privados, previo cumplimiento de requisitos por la Ley, quienes quedarán sujetos a la regulación de las mismas.

La expresidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera aseguró que la reforma es un peligro para la preservación del medio ambiente y los recursos hídricos tanto en zonas urbanas como rurales, ya que se eliminarán los obstáculos para establecer la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Cosep niega intentar acercamientos con Ortega

El pasado domingo en una comparecencia, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, insinuó una posible unidad entre el sector empresarial privado y público, tan solo días después de que se hiciera pública una carta enviada por dos cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), solicitando flexibilidad con respecto a la Reforma a la Ley de Concertación Tributaria. 

Sin embargo, el presidente del Cosep, Michael Healy, explicó a PRIMER ORDEN, que no hay ningún acercamiento por parte de la institución a la que representa con el gobierno, ni viceversa.

42 agresiones a la prensa independiente en octubre

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro publicó este miércoles su informe correspondiente al mes de Octubre sobre monitoreo, seguimiento y sistematización de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, en el cual, registran 42 agresiones contra medios de comunicación y periodistas independientes. 

Las agresiones principalmente se dividen entre limitaciones al acceso a la información, agresiones, ataques y abusos estatales, y de estas el 86 por ciento han sido perpetradas por agentes policiales.