Jan. 27, 2021

Reforma al Código Procesal extiende plazos de investigación de 48 horas hasta 90 días

Reforma al Código Procesal extiende plazos de investigación de 48 horas hasta 90 días

José Cardoza

Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, introdujeron este miércoles el anteproyecto de Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (CPP), en la que se busca extender el plazo de prisión preventiva por investigación de delitos de 48 horas hasta 90 días.

El documento será discutido este jueves en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

El anteproyecto, establece en la adición del artículo 253 B, relacionado a la Audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, el que dice textualmente:

«Cuando la persona detenida sea puesta a la orden del juez dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, a petición del Ministerio Público, se celebrará inmediatamente Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales, con el fin de solicitar la ampliación del plazo para investigar y se dicte detención judicial, siempre que se considere que los resultados de la investigación requieren mayor tiempo para complementar información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas.

La petición puede hacerse de manera oral o escrita y debidamente fundada y motivada. El imputado, su defensor y el Ministerio Público deberán estar presentes en esta audiencia.

La autoridad judicial determinará mediante auto, la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días. La autoridad judicial tomará en consideración la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud.

La autoridad judicial podrá dictar la medida de detención judicial, que durará el mismo plazo que se ha fijado para la investigación complementaria.

Conforme el avance de la investigación complementaria si las autoridades correspondientes consideran innecesario continuar con la detención judicial, el Ministerio Público solicitará a la autoridad judicial el cese de la misma.

En caso de negarse la solicitud de ampliación de la investigación, la autoridad judicial convocará inmediatamente a la audiencia preliminar», dice el artículo 253 B añadido en el anteproyecto de Ley de reforma.

La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, aseguró en un análisis compartido por escrito, que la reforma al Código Procesal Penal es solicitada para no reformar nuevamente la Constitución Política de Nicaragua, que establece un plazo de detención preventiva de 48 horas.

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 El artículo 33. 2.2 de la Constitución Política de Nicaragua establece que: «Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal.

Todo detenido tiene derecho: 2.2 A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención.

«Si una detención se excede a las 48 horas sin ser puesto el detenido a la orden del juez es una vulneración a la Constitución Política. Con la reforma, el detenido siempre será llevado a la orden del juez en el plazo de las 48 horas pero quedará a discreción del juez si lo deja en libertad por no presentar méritos en la acusación, si inicia el juicio o acepta la “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales” para extender el plazo de la “investigación”», asegura Molina.

Involución jurídica y de Derechos Humanos

El abogado defensor de presos políticos, doctor Julio Montenegro, explicó a PRIMER ORDEN,  que la reforma impulsada por el sandinismo representa una involución en materia jurídica y de derechos humanos, mencionando que el precursor del actual Código procesal Penal, el Código de Instrucción Criminal, aprobado en 1879 y derogado en 2002, establecía prisión preventiva de hasta 72 horas.

«Las tramitaciones complejas que ahora se están aplicando, bajo la perspectiva de delitos de crimen organizado o delitos gravosos, ha justificado que haya procesos de mucho tiempo. Con estos procesos de investigación, asoma una situación similar a aquellos tiempos donde habían procesos muy largos y muy costosos para el Estado», dijo Montenegro.

La reforma, en su adición del artículo 253, establece que la extensión de plazos de prisión preventiva sería con base en la «relevancia social y trascendencia nacional» de los delitos. Montenegro explica que esto haría que acusaciones por violar la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos o por penas de prisión perpetua, serán en procesos en la capital. 

Por esta razón, no descarta que la reforma al CPP se trate de una continuidad en la persecución a disidentes a través de herramientas jurídicas.

«Se ha mencionado el caso de los presos políticos y por esa razón se han remitido casos de algunos departamentos para que se lleve el proceso aquí en Managua, por considerarse de trascendencia nacional», dijo Montenegro. 

Fotografía: Michelle Polanco Alvarado