Aug. 3, 2022

Organizaciones continuarán documentando y denunciando actos de tortura por parte del régimen de Daniel Ortega

Organizaciones continuarán documentando y denunciando actos de tortura por parte del régimen de Daniel Ortega

Este martes 03 de agosto, mediante una conferencia de prensa con el objetivo de analizar las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura (CAT) para el Estado de Nicaragua emitidas el pasado 29 de julio, organizaciones defensoras de derechos humanos, nicaragüenses e internacionales, denunciaron que en el país se han violentado sistemáticamente los derechos humanos. 

“Y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde el año 2008”, describe el comunicado.

No obstante, aseguran que continuarán documentando y denunciando actos de tortura pese a la falta de cooperación del Estado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura

La Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Tania Agosti, dijo que el pasado 14 de julio, el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”, añadió.

Asimismo, Agosti aseguró que la falta de compromiso del régimen de Daniel Ortega para cumplir a sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”.

Por su parte, Olga Guzmán, Consejera Principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), expresó que este panorama es “muy desolador”, ya que el Estado de Nicaragua no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, si no que tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y Relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado. 

Sin embargo, afirmó que no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar.

“Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance para mitigar la tremenda soledad y aprensión que (...) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”, señaló.

También, llamó al régimen de Ortega a recapacitar sobre su posición respecto a las y los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos

Además, exhortó a que les deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, que ejercer sus derechos como les corresponde.

Falta de imparcialidad del Sistema de Justicia Penal

Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expuso que el “evidente incumplimiento del Estado”, la parcialidad del Sistema de Justicia Penal (Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y Sistema Penitenciario) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la intencionalidad represiva orientada a la violación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, ha quedado demostradas ante el CAT.

“Estas instituciones han ejercido prácticas sistemáticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a través de la aplicación de la prisión preventiva, el régimen de aislamiento y castigo de manera generalizada en contra de personas privadas de libertad por motivos políticos, y por plazos superiores a los máximos permitidos en la legislación nicaragüense”, precisó.

Por otro lado, Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que el Comité manifestó “serias preocupaciones y recomendaciones al Estado en materia de administración de justicia y violaciones a pueblos indígenas”.

De acuerdo a Arce, los informes recibidos por el CAT indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultado de muerte; sin embargo existe una presunta reticencia de las autoridades para investigar los hechos, así como intentos de criminalización y estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos.

Régimen de Ortega ejerce violencia patriarcal y machista

Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) afirmó que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal”, particularmente hacia mujeres que han alzado su voz para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen.

Sánchez destacó que el Comité expresó preocupación por la alta incidencia de agresiones y actos de violencia sexual en casos de mujeres privadas de libertad por motivos políticos y por el encarcelamiento de mujeres trans en centros para varones.

En este sentido, el CAT instó al Estado a adoptar medidas para cesar los actos de represión y violencia en contra de personas defensoras, e investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva los actos de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos en el marco de las protestas iniciadas en abril 2018.