Guadalupe González
La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), registra graves violaciones en contra de mujeres presas políticas y expresa su preocupación por la integridad y seguridad de las detenidas y sus familias.
Según el informe del organismo, durante el mes de junio y la primera semana de julio, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente y mantiene privadas de libertad a un “grupo de defensoras de derechos humanos, activistas feministas y lideresas políticas, así como a otras personas críticas con el gobierno o que se postulan como candidatas a las próximas elecciones presidenciales”.
La organización denunció la irregularidad en los procesos judiciales de las presas políticas, al igual que vulneraciones a sus derechos humanos, como: la negación del derecho a la publicidad de los procesos y la obstaculización del derecho a la defensa.
“Así como la negación del derecho de las personas detenidas a tener visitas de sus familiares y entrevistas con sus abogados y abogadas y no poder constatar su estado de salud e integridad física y emocional. Familiares, abogados y personas defensoras de derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones información al respecto, tanto a la Policía Nacional como al Poder Judicial, y las respuestas son negativas”, especifica el informe.
IM-Defensoras, indica que se han realizado un aproximado de 540 agresiones contra las defensoras de derechos humanos y activistas, tan solo en el primer trimestre del año.
Hay quienes “cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas agresiones incluyen actos de vigilancia y hostigamiento, vulneraciones a la libertad de expresión, reunión y movimiento, amenazas y persecución.
Como principales responsables de estas agresiones se han identificado a policías, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y personas armadas de civil”, reza el informe.
La organización, demanda a respetar los derechos y garantías constitucionales, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa. “Así como a su derecho a la libertad inmediata. En este contexto instamos a la comunidad internacional a mantenerse vigilante sobre la difícil situación de defensoras de derechos humanos en Nicaragua”, concluye.
