Sept. 8, 2022

Nicaragua sin acceso a la información pública y libertades fundamentales

Nicaragua sin acceso a la información pública y libertades fundamentales

Un informe de la Red Voces del Sur, asegura que el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales para periodistas independientes en Nicaragua es crítica, ya que se reportaron  701 alertas, lo que representa un incremento de 149% con respecto al año 2020.

Del total del alertas,  43% corresponde al uso abusivo del poder estatal, el 41% a agresiones y ataques y el 9% a procesos judiciales civiles y penales.

El informe señala que desde inicios de 2021, en el contexto de las votaciones en noviembre, el régimen Ortega Murillo emprendió una nueva persecución en contra de los medios independientes y las personas periodistas, así como de la oposición política y la ciudadanía en general.

“El gobierno utilizó leyes represivas aprobadas en 2020 las leyes de agentes extranjeros, ciberdelitos, y seguridad nacional, que establece el delito de traición a la patria para judicializar a siete aspirantes presidenciales, incluyendo a Cristiana Chamorro, hasta febrero de 2021 presidenta de la Fundación violeta Barrios de m Chamorro (FvBCH), socia de Voces del Sur. Chamorro, y dos trabajadores administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, así como el conductor, Pedro Vásquez, fueron condenados en juicios espurios por cargos de lavado de dinero y gestión abusiva”, Detalló voces del Sur.

Cárcel, confiscación, y exilio hacia el periodismo nicaragüense

De la misma manera, la organización regional documentó los casos de dos periodistas presos, Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como el caso del comentarista político Jaime Arellano, quienes fueron encarcelados y condenados.

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Además de Cristiana Chamorro, quien es parte de la junta directiva del diario La Prensa, fueron capturados y también siguen presos su hermano Pedro Joaquín, también directivo del medio, y su primo Juan Lorenzo Holmann, presidente de la junta directiva del periódico y que fungía como gerente general.

“Holmann fue capturado el 14 de agosto en la madrugada, horas después que las autoridades se tomaran las instalaciones La Prensa, el único diario de circulación nacional, aduciendo una investigación a la empresa por fraude aduanero y lavado de dinero. Otro medio de comunicación, la revista digital Confidencial, fue allanada, su oficina tomada, y sus equipos de trabajo confiscados por segunda ocasión en tres años, el 20 de mayo”, precisó.

Asimismo, denunciaron que la persecución contra periodistas en Nicaragua se da en todas las esferas, incluyendo el espacio digital, ya que existe una campaña permanente del régimen Ortega Murillo contra periodistas y medios de comunicación independientes, a los que acusan de “golpistas”, haciendo alusión a las protestas ciudadanas de 2018 que consideran un “intento de golpe de Estado”.

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Voces del Sur, manifestó que el régimen despliega la mayor cantidad de instituciones gubernamentales posibles en su búsqueda de silenciar a periodistas. Así también, como de utilizar el acoso fiscal como mecanismo de amedrentamiento y utilizando al órgano que rige
la propiedad privada.

“En agosto, la Intendencia de la Propiedad expropió la casa de Patricia Orozco, directora del portal digital Agenda Propia. Orozco declaró que el Estado le había entregado la vivienda, en Managua, en los años 80, pero ahora el gobierno la había reclamado como propiedad gubernamental. En medio de ese clima de peligro, decenas de periodistas de Nicaragua salieron del país para preservar su libertad y seguir ejerciendo periodismo”, describe el informe.

Recomendaciones

Por tanto, Voces del Sur explicó que el proyecto político autoritario y dinástico de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua es antítesis de la democracia y el desarrollo sostenible; representa el primer y principal obstáculo para que se logren avances en cuanto al ODS 16.10.1 en el país”.

Por lo cual, recomendó a la sociedad civil y la comunidad internacional a trabajar para fortalecer la seguridad psicológica, jurídica, física, y digital de las personas periodistas ante un sistema de Estado familia partido que mantiene el poder por medio de la violencia, vigilancia y represión.

“Es importante brindar apoyo integral a las personas periodistas desplazadas forzadamente, pues muchas de esas viven situaciones sumamente precarias en los países de destino como Costa Rica, España, y Estados Unidos”, añadió.

Agregaron que se debe activar todos los mecanismos posibles del derecho internacional y la incidencia política para exigir la liberación de periodistas y trabajadoras de medios de comunicación que están privadas de libertad.