Sept. 28, 2020

Ley Especial de Ciberdelitos busca control de Redes Sociales

Ley Especial de Ciberdelitos busca control de Redes Sociales

José Cardoza

En el Día Internacional del Derecho a Saber, los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, presentaron ante la Primera Secretaria de dicho poder del estado, Loria Raquel Dixon, el anteproyecto de Ley Especial de Ciberdelitos. 

Según expertos consultados por este medio, esta ley busca censurar y silenciar a los medios de comunicación independientes o a cualquier ciudadano que exprese a través de sus redes sociales, sus diferencias ideológicas y políticas con el gobierno de Daniel Ortega.

En el Artículo 4 del anteproyecto, se establece que el que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiera concedido, acceda, intercepte o haga uso total o parcial de un sistema informático, será sancionado con prisión de uno a tras años y doscientos a quinientos días de multa.

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El artículo 25, detalla que cualquier ciudadano que divulgue información estatal que el gobierno mantiene reservada, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa.

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El que sin autorización o excediendo la que se le hubiese concedido, transfiera información Pública clasificada como reservada, de conformidad con la ley de la materia y que mediante el uso de esa información, vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado, apoyándose en cualquier clase de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se le impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y doscientos a quinientos días multa, dice el artículo 25.

En el artículo 30 del anteproyecto del anteproyecto de ley, se contempla de dos a cinco años de prisión y hasta 800 días de multa por difundir información que el Estado considere como falsa y que produzca zozobra en la población.

Quien usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa.

Si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada, perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y ciento cincuenta a trescientos cincuenta días multa.

Si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa, dice el artículo 30.

El gobierno de Daniel Ortega señala que los medios de comunicación independientes realizan activismo y divulgan información falsa, con el fin de crear zozobra en la población.

La abogada y experta en temas de corrupción, Martha Patricia Molina, explicó a PRIMER ORDEN, que la Policía Nacional y el Ministerio Público, podrán, con orden judicial, intervenir los sistemas o dispositivos de almacenamiento de datos, lo que normalizará las prácticas abusivas de la Policía de Daniel Ortega.

Impone un bozal inmediato a todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren o no en el territorio nacional. Quienes serán criminalizados.  Es una ley inconstitucional porque vulnera el derecho de opinión, privacidad, propiedad privada, libertad de conciencia y otros.  Es una ley que castiga con prisión a las personas que intercepten cualquier tipo de comunicación escrita que no esté dirigida a él, dijo Molina.

La abogada también aseguró que uno de los puntos que debe preocupar, es la obligación de las empresas de telecomunicaciones para brindar información a Telcor.

El juez podrá ordenar a los proveedores de servicios, recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, también realizar intervención o intercepción de las telecomunicaciones en tiempo real, afirmó.

En resumen, lo que esta ley viene a hacer, es que una vez que se publique en La Gaceta, Diario Oficial, los ciudadanos que se encuentran dentro o fuera del país no podrán utilizar las redes sociales como se viene haciendo, porque va a ser un delito, expuso Molina.

Ley de Ciberdelitos es continuidad de agresiones a la prensa independiente

Abigail Hernández, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), aseguró a PRIMER ORDEN, que este anteproyecto no es más que una continuidad de agresiones a los medios de comunicación que iniciaron con la llegada al poder de Ortega.

El régimen asume que la prensa independiente es opositora a su régimen. No han entendido que los medios de comunicación cumplimos con un papel fiscalizador en la sociedad a nivel mundial y que nuestro papel es darle a conocer a la ciudadanía qué está pasando; dar a conocer lo bueno y lo malo, dijo Hernández.

La comunicadora, añadió que en Nicaragua existe «un plan Estado de represión y de terror que agrede a sus ciudadanos buscando como silenciar voces para que el discurso de la dictadura no sea contrastado».

Esto es parte de ese plan estratégico, pero que creen que les va a poner en una mejor situación para este 2021, cuando es todo lo contrario (...) Con estos intentos, demuestran lo que son: enemigos de la Libertad de Expresión y del derecho del ciudadano de poder informarse con la verdad, aseguró Hernández.