Feb. 17, 2021

Gobierno colombiano advierte posibles acciones por ley “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”

Gobierno colombiano advierte posibles acciones por ley “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”

Javier Bermúdez 

El gobierno de Colombia emitió el martes un comunicado en forma de protesta a la reciente aprobación de la “Ley que Declara y Define Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense”. Según la nota de prensa divulgada en el sitio web de la cancillería colombiana, el Ministerio de Relaciones exteriores presentó la “enérgica protesta” ante Nicaragua, porque “no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental”.

La normativa aprobada el 28 de enero, declara un área protegida que comprende de 4,415,700 hectáreas, equivalentes a 44,157 kilómetros cuadrados, que incluye el área concedida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), excepto los cayos de Serrana y Quitasueño.

El Gobierno de Daniel Ortega consideró en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley, que la zona “representa un alto valor ecológico y económico en la región del caribe”. Sin embargo, el Gobierno colombiano ve en esta acción de Nicaragua, intenciones de propiciar “hechos el la CIJ”.

“La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”, se menciona.

Cabe destacar que para esa zona existen, desde el año 2000, términos de protección ambiental para la Reserva de Biosfera de Seaflower, que pertenece en parte a Colombia, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”, añaden en la comunicación.

Esta transgresión al derecho internacional que menciona Colombia, es totalmente evidente, según Amaru Ruiz, ambientalista y director de la Fundación del Río. Ruiz explica que la plena declaración de algún área como reserva de biosfera es algo internacional que ningún Estado puede hacer, pero que Nicaragua lo hace debido al establecimiento de reservas de biosferas en categoría nacional, en el Reglamento de áreas protegidas.

“Cuando establecieron el Reglamento de Áreas Protegidas en el decreto número 01-2007, se puso la reserva de biosfera con una categoría nacional, pero eso es un error al juicio de las estructuras conceptuales de la categorización que se define, ¿por qué? Porque quien define internacionalmente una reserva de biosfera es la UNESCO, no los Estados. Sin embargo, legalmente el término fue acuñado por Nicaragua, dentro del Reglamento de Áreas Protegidas.  Eso le da potestad al Estado de Nicaragua que declare una categoría de reserva de biosfera, aunque no esté reconocida por la UNESCO. No conozco un país en el mundo que haya reconocido reserva de biosfera, dentro de su categoría de manejo, por lo menos en Centroamérica ninguno, excepto Nicaragua”, mencionó.

La existencia que desconoce Nicaragua de la reserva Seaflower, mencionada por la cancillería colombiana, puede traer complicaciones a la directiva Orteguista, expresa Ruiz. Él asegura que Nicaragua no tiene capacidad para hacer los análisis que identifican los estudios ecosistémicos, la biodiversidad que existe, y otros elementos técnicos, biológicos, geográficos e hídricos, que se necesitan para justificar la declaratoria de una reserva.

“Quienes sí han hecho eso son organizaciones ambientales de Colombia, que para definir el área de reserva de biosfera Seaflower, (...) no importan los límites para la declaración de reserva de biosfera de UNESCO. ¿Qué quiere decir? Qué puede haber conflictividad con la declaración que ya tienen, que ese es un tema del que no se sabe qué va a pasar, porque el Estado (de Nicaragua) no reconoce la reserva Seaflower. Colombia sí lo reconoce porque esta dentro de sus áreas protegidas, y lo reconoce la UNESCO, y como la naturaleza no tiene fronteras, a ella no le importan los límites. Eso es una reserva, ya, con una declaración internacional”, destacó.

En el comunicado del Gobierno colombiano también señalan que tomarán acciones tales como “adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower establecida en el marco de la UNESCO”, y además advirtieron sobre “que no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la Nación, incluidos los derechos de los colombianos”.

Colombia no puede demandar a Nicaragua ante la Haya

Alguna de estas situaciones podría percibirse como detonantes de una nueva situación entre Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero el jurista José Pallais Arana, considera que no será así.

“No creo que sea posible que esta situación, con la aprobación por la Asamblea Nacional de zona protegida en Seaflower, pueda llevar a una nueva litis en La Haya, entre Nicaragua y Colombia. La sentencia de La Haya ya definió claramente los espacios marítimos que le corresponden a cada uno de los países, está bien determinado, y no está sujeto a cambios, o interpretaciones antojadizas,” consideró.

El experto en derecho internacional, Ricardo de León, coincidió con las declaraciones de Pallais, por separado, en que no pueden demandar a Nicaragua por su declaración, ya que pese a que sí es unilateral momentáneamente, porque no está reconocida por la UNESCO, Colombia se retiró, en 2012, del Pacto de Bogotá, y por consiguiente salió de la CIJ.

“No pueden demandar a Nicaragua por pretender ejercer soberanía en el territorio marítimo que nos pertenece desde 2012. Hay que recordar que aun la CIJ no ha decidido sobre la cuestión de las 200 millas náuticas de la plataforma continental, lo que para mí, podría ser un llamado de atención colombiano ante ese caso”, reiteró De León.

El experto además añadió que debido a la salida de Colombia de la CIJ, no puede proceder a “defender ante organismos internacionales” la situación.