Sept. 2, 2022

Condenan a 30 años de prisión a Monseñor Urbina por supuestos delitos de violación

Condenan a 30 años de prisión a Monseñor Urbina por supuestos delitos de violación

Monseñor Leonardo Urbina se convirtió este jueves en el primer sacerdote condenado a 30 años de cárcel, la pena máxima contemplada en el Código Penal de Nicaragua, por el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, titular del juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua.

El abogado Yader Morazán, Especialista en Administración de Justicia, escribió a través de twitter que le impuso la pena de 30 años de Prisión por la suma de dos delitos de abuso sexual y uno de Violación a Menor a 14 años. 

"El juicio se celebró sin ningún tipo de transparencia, sin el acceso o presencia de los familiares cercanos del padre y con la misma defensora pública impuesta por el Juez Tercero de Violencia de Managua, de nombre Jennifer Elliett Hernández Granera y el fiscal Emanuel Álvarez G", denunció Morazán.

Morazán explicó que la condena contra Urbina recayó sobre 3 hechos, de los cuales los 2 primeros calificados como abuso sexual, ocurridos en diciembre del 2021, y enero del 2022 los que tienen como pena 12 años individualmente, y el último calificado como violación a menor de 14 años, con la pena de 25 años. 

Irregularidades del caso 

Asimismo, detalló que al padre se le impone la pena accesoria de inhabilitación absoluta, aunque la sentencia no lo dice.

“¿De qué lo inhabilitan? También se le remite a participar en programas de orientación, atención y prevención dirigidos a modificar su conducta y así evitar reiteración”, añadió. 

El abogado, dijo que lo novedoso, es que a diferencia de los presos políticos del contexto pre electoral 2021, es que en esta sentencia si se establece que el lugar donde monseñor pagará su condena es el Sistema Penitenciario Jorge Navarrete de Tipitapa, después de haber sido sustraído de Boaco.

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Además, manifestó en dicho juicio no comparecieron las dos pruebas más importantes después de la declaración de la víctima, como lo es la médico legal Carolina Aguinaga, ni la psicóloga forense Olga Granados Pravia.

Es decir, quién simuló la defensa del sacerdote no tenía como cuestionar el proceso de extracción, procesamiento y conclusión de ambas evidencias forenses, porque estas personas fueron sustituidas por personal del IML-Managua, quienes se limitaron a dar lectura a los dos dictámenes”, refirió el abogado.

No obstante, Morazán declaró que es un proceso anulable por estar plagado de muchas irregularidades, pese a que ellos tenían y tienen a todo el aparato estatal para hacer cualquier cosa que al menos aparente algo de legalidad.

De acuerdo al abogado, la defensora pública impuesta a Monseñor, Jennifer Elliett Hernández, fue la asistente de Edén Aguilar, el juez de dicho caso.